Mientras no se instrumente presupuestos y programas multi anuales que no estén sujetos a vaivenes políticos, México seguirá cediendo su soberanía alimentaria a las grandes potencias, en detrimento de los productores y consumidores nacionales.
Gustavo Rojo Plascencia, presidente de CAADES, en un análisis sobre las políticas agrícolas y la preocupación por garantizar la producción de alimentos, destaca como es que en la Cumbre Mundial de Alimentación que promueve la Organización de las Naciones Unidas, preocupa sobremanera la obligación de producir alimentos sanos.
Incluso, en ese mismo marco, se propone, por primera vez el concepto de “soberanía alimentaria”, que se define como el derecho de los pueblos y las naciones a definir sus propias políticas agrícolas y de alimentos, sin ningún dumping frente a países terceros.
En otras palabras, es el derecho de los pueblos a elegir lo que comen y de qué manera producirlo, lo que incluye el regular la producción nacional agropecuaria y la protección del mercado doméstico, respecto de los excedentes agrícolas y de las importaciones a bajos precios de otros países.
El líder de los agricultores privados en Sinaloa, dijo que se trata de dos conceptos que, aunque parecen similares, tienen connotaciones completamente diferentes. El primero se refiere a la disponibilidad de alimentos en un país, sin considerar si estos son producidos en el mismo o son importados, mientras que la soberanía o autosuficiencia alimentaria se refiere a la capacidad de producir los alimentos que consume.
Insiste que en México, en la etapa de negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), se debatía estos dos grandes conceptos. Entre las posturas radicales se encontraba Luis Téllez Kuezler, entonces subsecretario de Agricultura de Carlos Salinas de Gortari, quien sugería que se produjeran en el país solo aquellos alimentos en los que éramos competitivos y se importara el resto.
No obstante, también se escucharon las voces de las organizaciones de productores y, de esta manera, se diseñaron nuevas políticas públicas en favor del campo, en preparación para la entrada en vigor el primero de enero de 1994 y la apertura total 15 años después, en el 2009.
Fue así como surgió en 1991, por decreto presidencial, la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), programas como Procampo, se establecieron cupos de importación y aranceles, se implementaron los ingresos objetivos, el programa de compras anticipadas de maíz blanco y la agricultura por contrato para maíz amarillo, trigo y sorgo, todo ello con el objetivo de compensar las asimetrías con los productores de Estados Unidos y Canadá.
Reconoce, sin embargo que gracias al esfuerzo de los agricultores, “todavía somos autosuficientes en producción y con capacidad de exportación en hortalizas y productos agroindustriales, como el tequila, la cerveza y el azúcar”.
No obstante, reitera que hay una alta dependencia en los granos básicos y algunos productos ganaderos. Se importa el 87 por ciento del arroz que se consume, el 62 por ciento del trigo panificable, 37 por ciento del maíz amarillo, el 20 por ciento de la leche de bovino, el 40 por ciento de la carne de porcino y el 15 por ciento de la carne de aves que consumimos en el país.
De seguir esta tendencia, se proyecta que en los próximos años México será el principal importador de maíz amarillo en el mundo, y se acrecentarán las importaciones de oleaginosas, arroz y trigo panificable.
La creciente dependencia alimentaria se explica por la reducción del presupuesto público al campo nacional y, particularmente, a la principal dependencia que tiene que ver con la producción de alimentos, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que ha visto mermado su presupuesto en los últimos años. Específicamente en los últimos dos años esta disminución al presupuesto fue drástica, de alrededor del 40 por ciento, eliminando múltiples programas de apoyo a la producción, comercialización y tecnificación del campo.
Lo anterior, a pesar de que la autosuficiencia alimentaria es uno de los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2019 – 2024 de este Gobierno, donde se propone aumentar la producción y productividad agropecuaria, apícola y pesquera. Así como contribuir al bienestar de la población rural, mediante la inclusión de los productores históricamente excluidos de las actividades productivas rurales y pesqueras, aprovechando el potencial de los territorios y mercados locales.
En este sentido, todos estamos de acuerdo en que, por justicia social, se debe saldar la deuda histórica con los productores del sur del país, pero sin desalentar a los estados competitivos que son los que actualmente aportan la mayor parte de los alimentos a la mesa de los mexicanos.
Hoy, el campo requiere una visión integral y de largo plazo, que promueva la competitividad, la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y que atienda los problemas de pobreza y desnutrición. Aprovechando las potencialidades productivas de cada estado y región, e implementando presupuestos y programas multianuales que no estén sujetos a los vaivenes de la política.
De no hacerse así, seguiremos cediendo nuestra soberanía alimentaria a las grandes potencias, en detrimento de los productores y los consumidores nacionales.
